Dinero a cambio de dolor y dignidad

David Cameron

El gobierno británico accedió a una millonaria indemnización a ex prisioneros sometidos a interrogatorios y torturas sin amparo legal en la cárcel de Guantánamo como sospechosos de terrorismo, en coordinación con Estados Unidos.
La noticia se hizo pública en medio de un inédito proceso entablado por abogados de las víctimas contra el Ejecutivo y los servicios secretos de Reino Unido, acusados de colaborar con el Pentágono en las entregas extrajudiciales de ciudadanos de este país y residentes.
De acuerdo con el periódico The Guardian, el Gobierno quiso evitar la revelación de miles de documentos que comprometen a los organismos internos en la violación del debido proceso y en el tratamiento de prisioneros.
Una de las acusaciones apunta a que el Ejecutivo británico conocía que los detenidos eran transferidos ilegalmente a Guantánamo y no hizo nada para evitarlo.
La posibilidad de indemnizar a esas personas fue resultado de semanas de negociaciones entre las autoridades y el equipo de defensores, notificaron este martes fuentes cercanas al proceso.
Se espera que la ministra de Justicia, Kenneth Clarke, exponga en la Cámara de los Comunes (Parlamento) los detalles del pago y permitan un debate con preguntas sobre el tema, cuya trascendencia ha estado controlada por el Gobierno por temor a nuevos cuestionamientos de la opinión pública británica.
Medios periodísticos londinenses dan cuenta que muchos de los ex detenidos fueron trasladados ilegalmente a instalaciones secretas en diversas partes del mundo antes de ser internados en Guantánamo.
El primer ministro conservador, David Cameron, dio luz verde en julio pasado a la fórmula de las indemnizaciones, después que el Tribunal Supremo de Londres fallara por la desclasificación de documentos confidenciales que implican a los servicios de inteligencia interior y exterior (MI5 y MI6).
Llaman la atención, por otra parte, de cómo el Gobierno maneja el asunto al declararlo interés nacional y evitar así que pase a los tribunales, lo cual supondría poner en la picota pública a los cuerpos de seguridad británicos.
Para Shami Chakrabarti, directora de la organización defensora de los derechos humanos Liberty, la noticia causa disgusto y desconcierto, pero “hay un precio que pagar por la arbitrariedad, la falta de legalidad y la tortura”, aseveró la activista.
Algunos ex prisioneros de Guantánamo denunciaron que fueron sometidos a la práctica de ahogamiento simulado (el submarino), método defendido recientemente por el ex presidente de Estados Unidos George W.Bush para arrancar confesiones a sospechosos.
La administración conservadora enfrenta al mismo tiempo unas 200 demandas en procesos civiles por abusos y torturas a detenidos iraquíes en centros de reclusión controlados por militares británicos en el país árabe.
Prensa Latina