Se trata de no tener complejos...

El Gobierno Español impulsa la reforma para equiparar el vandalismo con el terrorismo

Los ministerios de Interior y Justicia impulsan conjuntamente una reforma legal para que el castigo a los que participan en actos vandálicos sea equiparado al terrorismo, lo que supondrá elevar las penas mínimas de cárcel a dos años, pudiendo los jueces decretar la prisión provisional cuando lo crean conveniente.

Según ha confirmado al diario ‘La Vanguardia’ el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, la principal medida consistirá en que los desmanes de los antisistema empiecen a recibir el tratamiento penal que durante años se ha otorgado al terrorismo callejero de la “kale borroka”.

Los dos ministerios llevan trabajando desde hace más de un mes en una reforma del Código Penal para que las fuerzas de seguridad puedan contar con instrumentos jurídicos “más eficaces” en la lucha contra la guerrilla urbana o en fenómenos como la multirreincidencia.

Fernández Díaz ha indicado que “no se trata de legislar a golpe de ocasión, sino de equipararnos a la legislación de países como Francia o el Reino Unido, que no tienen complejos en preservar la paz pública desde su tradición democrática”.

Para el ministro, “los antisistema actúan con una agresividad planificada, con provocación, con orgullo de la transgresión, impunidad, anonimato y con mucha habilidad para después hacerse las víctimas. Todo eso es lo que ha provocado la mal entendida cultura de la permisividad y tolerancia”.

Según los últimos datos de los servicios policiales de Información, el número estable de personas de este movimiento en Barcelona ha pasado de 400 a más de 2000 en un solo año, destacando el elevado número de jóvenes extranjeros.

Fernández Díaz cree que Barcelona “no se puede convertir en la capital antisistema de Europa” y advierte que trabajará para “que no lo sea”.

El proyecto de cambio del Código Penal deberá estar listo y aprobado por el Consejo de Ministros antes del verano para poder dotar de un mayor respaldo en su trabajo a agentes policiales, jueces y fiscales.

Fuente: El Mundo