Discriminación, abusos y detenciones...por "Salud Pública"

Grecia prepara ley para expulsar a inmigrantes sin papeles por razones de “salud pública”

La policía griega podrá detener a los “sin papeles” residentes en Grecia por cuestiones de “salud pública”, según una propuesta de ley que deberá ser votada en el Parlamento.

“La detención de no nacionales, tanto si han solicitado asilo político como si no, está prevista bajo la actual enmienda si suponen un riesgo para la salud pública”, dice el proyecto de ley presentado esta semana por el Gobierno que dirige el ex banquero Luca Papademos, y publicado por varios medios helenos.
El texto incluye, como ejemplo de tales eventuales casos, personas con enfermedades infecciosas o pertenecientes “a grupos de riesgo como usuarios de drogas intravenosas, trabajadores del sexo o gente que vive en condiciones que no alcanzan los estándares higiénicos mínimos”.
Añade que “los sujetos serán sometidos a inspecciones de salud obligatorias y al necesario tratamiento”, y aquellos que se nieguen a cooperar con las autoridades podrán ser deportados.
Los ministros de Protección Ciudadana, Mijalis Jrisojoidis, y Sanidad, Andreas Loverdos, ya habían anunciado el pasado fin de semana que tomarían medidas contra la “bomba para la salud” que, a su juicio, suponen los inmigrantes que viven en Grecia sin documentos.
La medida llega, además, después del fiasco que ha supuesto la llamada “macro operación contra la ilegalidad” del Ministerio de Protección Ciudadana (Orden Público), por la que durante la pasada semana fueron detenidos unos 2.000 extranjeros.
De ellos, sólo se pudo hallar cargos contra 420, de los que en 234 casos fue por no poseer documentos de residencia en regla, lo que implica que más de 1.500 fueron detenidos sin ningún tipo de acusación o sospecha válida.
El Gobierno ha anunciado la transformación de 30 antiguas bases militares en campos de reclusión para unos 30.000 inmigrantes indocumentados.
Varias organizaciones no gubernamentales se han quejado de estas medidas, que muchos achacan a la proximidad de las elecciones, en las que se prevé un gran aumento del voto a los grupos ultraderechistas que hacen campaña exclusivamente con la cuestión de la inmigración.
“Es especialmente preocupante que aquellos que tienen derecho a protección internacional se enfrentan a la detención. Inmigrantes y refugiados no son criminales y no deberían ser tratados como tales”, se quejó ayer Amnistía Internacional en un comunicado.
“Las autoridades griegas deberían retirar inmediatamente este tipo de medidas, que sólo exacerban el estigma hacia los inmigrantes y refugiados en el país”, añadió.
De acuerdo a un estudio del grupo (“think-tank”) ELIAMEP, en 2011 residían en Grecia 1,1 millones de inmigrantes, de los cuales 400.000 no disponían de documentos en regla.
EFE