miércoles, 8 de diciembre de 2010

Guacaleaks

Por Robero Zamarripa / Expreso
¿Cuáles son las filtraciones válidas? ¿Las difundidas por la televisión o las que circulan por la red? ¿Cuál es la versión creíble: la de un delincuente al que le pagan por hablar o la de diplomáticos a los que les pagan por espiar?
Las lecturas y las reacciones sobre diferentes dichos relacionados con la guerra contra el narcotráfico y las implicaciones de funcionarios gubernamentales con cárteles o su conducta y sus deficiencias en la operación militar y política marcan a un gobierno de poca mira, hipersensible y rencoroso. Un gobierno que filtra para golpear y golpea a su vez a los que filtran.
La andanada contra la revista Proceso y su reportero Ricardo Ravelo, a partir de filtraciones policiacas, sienta un mal precedente en la política de información del Gobierno Federal. Y a la vez advierte de lo que será una tónica de la batalla político-electoral del 2012. La manipulación política y mediática de los testigos protegidos servirá para denostar y confrontar; no será necesariamente el aprovechamiento de información valiosa para aplicación de la justicia sino operación para aniquilar al enemigo político.
Los secretos de los testigos protegidos se han convertido ya en un botín político. De un golpe de esos no se levantará nadie, suponen quienes lo instrumentan. La sofisticación de esas operaciones de manipulación llegó al grado de elaborar declaraciones videograbadas, mismas que han sustituido a la declaración ministerial y se han convertido en la verdad inapelable. El delincuente dirá ante las cámaras de televisión lo que quiera o lo que le ordenen, aunque no sea verdad. Recibirá beneficios en su proceso penal e incluso puede ser dispensado al negarse a declarar ante un Ministerio Público o contradecir lo contado ante las cámaras de televisión.
Hoy los grandes delincuentes hablan a las cámaras de televisión antes que declarar a la autoridad ministerial y judicial. Graban sus spots donde cuentan sus historias o incluso leen los guiones que les proporcionan para engrandecer sus hazañas criminales a fin de convencer al teleauditorio de que realmente representan el horror y la gran amenaza social.
¿Cuál es la validez legal de esos videos? Ninguna. Pero son, sin duda, eficaces armas de propaganda usadas sin ningún reparo. Cuando la autoridad no quiere informar de los casos que indaga, apela al sigilo de la indagatoria. Arguye que legalmente se encuentra impedida para revelar detalles de persecuciones o acciones de las cuales la sociedad exige información.
Pero si se trata de golpear a un enemigo manda al diablo las instituciones, prepara maquillaje y prende el switch.
Asombra que la autoridad federal tan inquieta y dada a proteger las identidades de sus testigos protegidos ahora los exhiba como arietes de sus golpeteos y revanchas. Es parte sustancial de su guerra. Exhibir las presas de caza para tratar de persuadir que la palabra derrota no está en su diccionario.
Y sucede con chicos y grandes. El caso de El Ponchis llegó al extremo. El Niño Criminal de Jiutepec, escoltado por dos soldados grandulones, fue exhibido como esos infantes-fenómenos de las ferias que tras una cortina narran su asombrosa vida. “¿Por qué se convirtió en sicario? Por una maldición de mis padres”, podría decir El Ponchis, igual que la Niña Sirena o el Niño con cola de lagarto.
Y frente a las otras filtraciones y exhibiciones -las de WikiLeaks- la reacción gubernamental es penosa. Mientras en otros países la condena es generalizada -pero por la intromisión de un gobierno ajeno en asuntos nacionales y por las conductas de los funcionarios que son obsequiosos ante los estadounidenses- en México hay una minimización de la crisis e incluso se enmienda la plana a Washington.
Los cables diplomáticos estadounidenses no descubren el hilo negro. Ratifican lo conocido: un gobierno que encara dividido la guerra contra el narco y que ignora el terreno que pisa.
A pesar de que no hay revelaciones extraordinarias sino ratificaciones de las incompetencias, el Gobierno Federal ha decidido descalificar la difusión de las filtraciones e ignorar el contenido de los mensajes. Estas filtraciones, las de WikiLeaks, atentan contra la nación; las otras filtraciones, las de la televisión, son piedra angular de una política de Estado. Vaya incoherencia. El Gobierno Federal imita las prácticas del pasado que condena. La política policiaca. La cañería como centro de operación. Nauseabunda señal de debilidad.
Fuente: Expreso

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