http://www.voltairenet.org/article176500.html
Erika Ramírez /Contralínea
Organizaciones sociales y representantes de comunidades indígenas denunciarán ante el Tribunal Permanente de los Pueblos –los próximos 5 y 6 de noviembre en Temacapulín, Jalisco– el despojo de tierras a más de 58 mil personas y la afectación a otras 162 mil, tan sólo en cinco de los megaproyectos.
Pueblos mixtecos y chatinos, así como la población de la Costa Negra de Oaxaca, se ven amenazados por la cortina de cemento que se pretende levantar en la comunidad indígena Paso de la Reina. El proyecto hidroeléctrico, que lleva el nombre de la población, está planeado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) desde 2006.
Serán más de 17 mil personas despojadas, residentes de los municipios de Santiago Ixtayutla, Tataltepec de Valdés, Santiago Jamiltepec, Santiago Tetepec, Santa Cruz Zenzontepec y Villa de Tututepec de Melchor Ocampo. Otras 95 mil serán afectadas de manera indirecta con esta magna obra, acusa Ana María García Arreola, integrante del área de derechos territoriales de la organización Educa de Oaxaca.
La hidroeléctrica es una de las 41 que conforman el Catálogo de proyectos hidroeléctricos con estudios de prefactibilidad, factibilidad o diseño, de la CFE (contenido en el Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico 2011-2025).
De la lectura del Programa se desprende que la “extensa lista de posibles desarrollos hidráulicos” se expande por 18 estados del territorio nacional. La entidad con más obras planeadas es Oaxaca, con ocho hidroeléctricas: Reforma, Colorado, Cuanana, El Tigre, Independencia, Atoyaquillo, Ixtayutla y Paso de la Reina.
Jalisco es la segunda entidad con más planes, con las hidroeléctricas: San Cristóbal, Mascota Corrinchis, Mascota El Carrizo, Amuchiltite, Puerto Vallarta, Arroyo Hondo y Ampliación Santa Rosa.
En tercer sitio se encuentra Guerrero, en donde se tiene planificado levantar las obras Omitlán, El Pescado, Ostula y La Parota. Esta última está situada en los municipios de Acapulco, Juan R Escudero, San Marcos, Chilpancingo y Tecoanapa. De construirse la presa, se inundarían 17 mil hectáreas de selva caducifolia, incluyendo además, tierras de cultivo, carreteras y puentes, entre las que se encuentran 21 comunidades. Así lo indica la información entregada al Tribunal Permanente de los Pueblos (que es un tribunal ético, internacional y de carácter no gubernamental) por el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota.
“El proyecto, que ha sido rechazado por la mayoría de los habitantes de la zona, afectaría la vida cotidiana y los ingresos de miles de personas, ya que en la región, las familias de comuneros, ejidatarios y pobladores, viven de lo que siembran y cultivan así como de la cría de animales. Además traería graves impactos ambientales; en particular, causaría daños irreversibles al ecosistema y la extinción de una especie endémica (la rana Papagayo), así como posibles daños a la salud pública, como ha ocurrido en el caso de otras represas”, añade la denuncia.
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Todos estos proyectos se enmarcan en el Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012, que involucra los sectores de comunicaciones, transporte, energía y agua. El documento indica que el “Programa buscará dar un impulso sin precedente a la modernización carretera, aeroportuaria, portuaria, energética e hidráulica del país, cuidando en todo momento la sustentabilidad ambiental. Además, se ha trazado el objetivo de promover la infraestructura que sea necesaria para dar un impulso sin precedente al turismo”.
En febrero de 2010, Contralínea (edición 170) documentó que la administración de Felipe Calderón realizó planes para privatizar los bienes y sectores estratégicos del país, revelados a través del expediente México 2030, Proyecto de Gran Visión. Energía, agua, zonas de reserva de la biósfera, salud, ciencia y tecnología, entra las áreas a privatizar.
Los documentos del plan indican que “se debe invertir inicialmente en proyectos ejecutivos del sector hidráulico, después en saneamiento de cuencas. En este último rubro, la ‘meta’ es que ‘el 75 por ciento de las cuencas hidráulicas del país estén limpias; ser líderes en el uso eficiente del agua, del equilibrio de los acuíferos y la rentabilidad de los productos’ asociados”.
Scott Robinson, doctor en ciencias sociales y humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana plantel Iztapalapa, comenta que estos proyectos se han vuelto un negocio para los gobiernos por las inversiones millonarias que requieren.
El investigador, que estudia la relocalización de poblaciones, comenta en entrevista que el impacto de este tipo de proyectos es multidimensional: hay virtudes y vicios. Los beneficios son la generación de energía eléctrica o control de agua para sistemas de riego, entre otros.
Sin embargo, expone el académico, es enorme el impacto social y cultural en las comunidades inundadas, invadidas por los embalses o el mismo campamento de la obra; además de la corrupción en los procesos de licitación, “que se reparten entre los políticos que están en la cadena de aprobación de permisos, licencias y contratos han hecho de esto un negocio redondo. Un boom de inversión que provoca desplazamientos”.
Las obras de Comisión Nacional del Agua
La presa El Zapotillo, obra actualmente impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es una de las cuatro obras contempladas en el documento Proyectos Estratégicos de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de la Comisión Nacional del Agua.
Esta obra podría inundar las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, Jalisco, y así, despojar de sus tierras y viviendas a más de 1 mil 500 personas.
De acuerdo con el documento, elaborado por el organismo que encabeza José Luis Luege Tamargo, la inversión en las presas y los acueductos proyectados por las administraciones panistas costarían al erario 52 mil 804 millones de pesos.
Las obras se dispersan en Jalisco, San Luis Potosí, Guanajuato y Oaxaca. El costo por las presas es de 25 mil 971 millones de pesos. En tanto, hay otros 10 acueductos cuya inversión asciende a 26 mil 833 millones de pesos.
El Tribunal Permanente de los Pueblos
La lógica del Tribunal Permanente de los Pueblos es intervenir frente a violaciones a derechos humanos que se repiten en contextos similares en los que el Estado no interviene de manera satisfactoria, dice Silvia Emanuelli, coordinadora de la Coalición Internacional para el Hábitat, oficina para América Latina.
En el caso de las presas, expone Silvia Emanuelli, se han documentado los factores de violación que se dan prácticamente en todos los casos que están relacionados con el derecho a la información, a la consulta previa, así como todo lo que tiene que ver con la fase superior de construcción, relacionada con la indemnización o dar a la gente una buena calidad de vida.
El Tribunal Permanente de los Pueblos es un tribunal ético, internacional y de carácter no gubernamental. Información en su página de internet indica que “éste examina las causas de la violación de los derechos fundamentales de los pueblos, determina si, en efecto, han sido violados tales derechos y, finalmente, denuncia ante la opinión pública internacional a los autores de dichas violaciones”.
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Fuente: Contralínea 309 / Noviembre de 2012
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