Autoridades tradicionales de Ayotitlán: Foto Víctor Camacho, La Jornada, marzo 2006
Rubén Martín / El Informador, 3 noviembre 2012
La noche del martes 23 de octubre, dos camionetas tipo Suburban
llegaron a la casa de Celedonio Monroy Prudencio en Ayotitlán, municipio
de Cuautitlán, Jalisco.
De las camionetas bajaron varios tipos encapuchados y armados,
directos a su objetivo: detener y secuestrar a Celedonio Monroy, un
miembro de la comunidad nahua de Ayotitlán, quien se había destacado por
la defensa de los derechos comunitarios. Los hombres encapuchados se
llevaron a Celedonio Monroy, y desde entonces no aparece. No hubo
amenaza de por medio.
Pero otros dirigentes comunales de Ayotitlán sí están amenazados.
Son los casos de Gaudencio Mancilla, representante legal del Consejo de
Mayores amenazado en su domicilio el pasado 17 de septiembre. También
han sido amenazados Vicente Hemeregildo, ex comisariado ejidal; Miguel
Ramos y Juan Prudencio, según información que ha difundido la Unidad de
Apoyo a Comunidades Indígenas (UACI) de la UdeG.
¿Qué tienen en común todos ellos? Son las caras visibles, junto con otros más, en la defensa de los derechos comunales.
Ayotitlán, fue una república de indios a quien la Corona española
le reconoció una extensión de 439 mil hectáreas; a lo largo de los
siglos XIX y XX, Ayotitlán fue perdiendo territorio. Los gobiernos
revolucionarios le reconocieron 50 mil hectáreas, pero solamente se
ejecutaron 31 mil. Ayotitlán es un terreno privilegiado en recursos
minerales y madereros. De tal suerte que desde hace décadas los
pobladores enfrentan la codicia, la ambición, el despojo y el robo
descarado de caciques, talamontes, empresas mineras, y ahora también la
presencia del crimen organizado.
La mezcla de todos estos intereses económicos y la ausencia de un
Estado que aplique justicia hacen de Ayotitlán un terreno fácil para la
amenaza, el secuestro y hasta el asesinato.
Lamentablemente lo que ocurre en este momento en Ayotitlán pasa
también en decenas de comunidades o pueblos cuyos pobladores resisten
procesos de despojo de sus territorios y bienes comunes.
En la Costa de Jalisco prácticamente no hay playa codiciada por los
intereses turísticos que no tenga tras de si una estela de amenazas en
contra de quienes resisten despojos. En Cruz de Loreto están
desaparecidos tres pescadores desde marzo de 2011; Aureliano Sánchez,
líder de las cooperativas pesqueras de La Huerta, fue asesinado en junio
de 2011; en San Isidro, en el Sur del Estado hay amenazas en contra de
campesinos; en El Salto, los activistas más destacados en contra de la
contaminación del Río Santiago son hostigados constantemente.
Las intimidaciones y ataques en contra de quienes defienden tanto
lo que es suyo, así como el patrimonio común, deben cesar. Las
autoridades de todos los niveles deben comprometerse a proteger y
brindar seguridad a los pobladores intimidados y acosados.
Ni Celedonio Monroy, ni Gaudencio Mancilla, ni los desaparecidos de
Cruz de Loreto tienen familiares poderosos que muevan los resortes del
poder para que se les haga justicia, como ya obtuvo justicia el ex
presidente del PRI, Humberto Moreira. La autoridad debe aplicar la
justicia por igual; debe trabajar para encontrar a Celedonio Monroy y
debe proteger la integridad de los comuneros o activistas amenazados.
Fuente:Zapateando
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por participar, puedes decir lo que quieras, solo trata de aportar.