Calderón dispara la tortura en México

México. La tortura en México aumentó casi en un 600 por ciento de 2006 a la fecha, a partir de la utilización de las fuerzas armadas en tareas propias de la policía civil, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

“Este incremento ha dado pie a casos emblemáticos que estamos presentando en este momento en el Comité contra la Tortura en Ginebra, Suiza”, sostuvo Leopoldo Maldonado, del área de Defensa Integral del centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh).
Sin embargo, el fenómeno podría ser aún más grave, ya que no hay un registro nacional de casos de tortura, no todos ellos se denuncian y muchas veces, se reclasifican como lesiones o abuso de autoridad, que son delitos menores.

El 31 de octubre de 2012, el Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) abrió su evaluación al Estado mexicano. Este organismo señaló que la tortura en México es preocupante, particularmente ante el uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y la impunidad agravada en la que quedan estos actos.

El Comité reiteró su preocupación por el gran número de quejas por tortura interpuestas ante la CNDH y el muy reducido número de recomendaciones emitidas: de 6 mil 778 quejas presentadas de noviembre de 1999 a julio de 2012, únicamente 198 derivaron en recomendaciones y ninguna en acción penal.

La Organización Mundial contra la Tortura (OMT) y la Red Todos los derechos para Todas y Todos (TDT), organismo conformado por 73 organizaciones defensoras de los derechos humanos de México, señalan en el informe “Situación de la tortura en México” que este delito es tolerado “por un sistema que utiliza criterios judiciales para admitir como pruebas las confesiones arrancadas mediante tortura o coacción; por la negativa de abrir o realizar adecuadamente investigaciones de casos de tortura; por la reclasificación de este delito como un delito menor; y sobre todo por la impunidad generalizada que impera en estos casos.”

La organización internacional Human Rights Watch señaló en su informe de 2012 sobre el fenómeno que la tortura en general se produce en el periodo entre que las víctimas son detenidas arbitrariamente hasta que son puestas a disposición de agentes del Ministerio Público.

Los números

Las organizaciones de derechos humanos coinciden en que es difícil hablar de un número exacto de casos de tortura y malos tratos debido, principalmente, a la falta de denuncia y a la inexistencia de un registro adecuado de este delito.

Amnistía Internacional señaló, a principios de octubre de 2012, que en 2011 la CNDH recibió mil 669 informes de tortura y malos tratos a manos de la policía y las fuerzas de seguridad federales, un “considerable aumento con respecto a los mil 161 de 2010, mil 55 de 2009 y 564 de 2008”.

En los últimos tres años, Amnistía registró informes de tortura en los 31 estados y en el Distrito Federal, y señaló que de acuerdo con datos que obtuvo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, entre 2006 y 2010 hubo un procesamiento y ninguna sentencia condenatoria por tortura en la jurisdicción federal. En el mismo periodo, en los 31 estados y el Distrito Federal hubo 37 procesamientos y 18 sentencias condenatorias por tortura.

Mientras que en 2006 –el inicio del sexenio de Felipe Calderón-, la Secretaría de la Defensa Nacional fue responsable en 182 casos de tortura presentados ante la CNDH, para 2011 la cifra aumentó a mil 626.

La guerra y los vulnerables

En el informe que la Red TDT y la OMT presentaron ante las Naciones Unidas, los organismos civiles señalan que queda claro “que la tortura es fomentada por el diseño de las actuales políticas en materia de seguridad pública, especialmente por la participación de las fuerzas militares en la detención, retención e interrogación de civiles, aunque no es exclusiva de ese contexto.” La tortura, práctica sistemática en el país, ahora no es solamente perpetrada por agentes policiacos, sino por integrantes de las fuerzas armadas y hasta por particulares con anuencia del Estado, precisa el informe.

Uno de los casos más emblemáticos, sobre el que ya se han pronunciado organismos internacionales, es el de Israel Arzate Meléndez, de Ciudad Juárez, “que fue levantado y torturado por elementos del ejército para obtener una declaración autoinculpatoria” que lo implicara en el caso de la masacre de Villas de Salvarcar, ejemplifica Leopoldo Maldonado.

Esta masacre tuvo lugar en enero de 2010, cuando un comando de presuntos narcotraficantes asesinó a 18 jóvenes que se encontraban en una fiesta en Ciudad Juárez, Chihuahua. El caso fue visibilizado por el Grupo Contra la Detención Arbitraria de la ONU y por el representante en México de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió, a finales de octubre de 2012, atraer los amparos interpuestos contra las imputaciones hechas bajo tortura.

Para el abogado, todos somos blanco fácil para la tortura, pero los sectores más vulnerables son las clases más empobrecidas, “gente que por su condición social, étnica e incluso de género están en una situación de vulnerabilidad”.

Los informes de Amnistía Internacional y de la OMT-Red TDT coinciden en señalar particular preocupación por la prevalencia de la tortura contra mujeres y migrantes. La OMT y la Red TDT estiman más de 22 mil secuestros anuales de migrantes, que frecuentemente son torturados como parte de la extorsión que se realiza contra ellos o cuando caen en manos de las autoridades.

El fenómeno adquiere características propias cuando se utiliza contra las mujeres. A los métodos habituales se incorporan la violación y el hostigamiento sexual y la utilización de los hijos, ya sea por privarlas de su custodia o por agredirlos físicamente. El abogado del Prodh señala que la tortura sexual contra las mujeres no solamente la cometen agentes del Estado –como en el caso de Atenco-, sino que en casos de violencia contra las mujeres ejercida en ámbitos privados hay una tremenda ineficacia en las investigaciones.

Indefensión legal

Lo que preocupa al movimiento de derechos humanos en México es “que no hay instrumentos legales eficaces para combatir la tortura; por un lado, no hay mecanismos efectivos de prevención, y por el otro, cuando ya se comete la tortura no hay una investigación eficaz, exhaustiva e imparcial en la que se aplique el Protocolo de Estambul”, señala el abogado Maldonado.

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Guerrero “Tlachinollan” refiere que, de acuerdo con información oficial obtenida a través del Instituto Federal de Acceso a la Información, la Procuraduría General de la República (PGR) ha aceptado que el Protocolo de Estambul (manual de investigación sobre tortura aprobado por la Asamblea General de la ONU) se ha aplicado en más de 300 ocasiones desde 2003, de las que se confirmaron más de 120 casos que no se tradujeron en igual número de sentencias condenatorias.

En 18 años sólo se han emitido dos sentencias por el delito de torturas, valora el defensor del Prodh. “Las procuradurías estatales y la federal brillan por su ineficacia en la investigación de este delito”, refiere, “lo que da cuenta de la falta de voluntad y de capacidad para investigar estas violaciones a los derechos humanos”.
Pero lo más preocupante, para este letrado, es que “las autoridades judiciales, al momento que se alega tortura, trasladan toda la carga de probarlo a las personas que fueron víctimas de ella, no ordenan una investigación exhaustiva y toman en cuenta las informaciones obtenidas bajo tortura, lo que es un incentivo para que las policías lo sigan utilizando”.

Por su parte, Amnistía Internacional valora que la impunidad de los delitos de tortura y malos tratos es constante desde la guerra sucia, y señala en su informe “Culpables conocidos, víctimas ignoradas” que la impunidad no solamente “niega el acceso a la verdad, la justicia y la reparación, sino que ha consolidado la extendida creencia de que jamás se hará rendir cuentas a los autores de graves violaciones de derechos humanos, lo que ha fomentado un clima de impunidad en la actual crisis de seguridad pública”.

Fuente:Desinformemonos