Ciencia vs. guerra contra el narco… o a quién gritarle “No más sangre” (I)

Por Luis Ramírez Trejo

Dedicado al obispo Samuel Ruiz

Para nadie es un secreto ni dentro ni fuera de México. La guerra contra el tráfico de drogas ha cobrado la vida de más de 34 mil personas en lo que va del sexenio. Las cifras son una tétrica aproximación que crece día con día. México sufre hoy una violencia que sólo se compara con la de Colombia de los años noventa o la del Afganistán “liberado” de principios de este siglo.

En medio de las cabezas rodando por las calles, los adolescentes agujereados, los pueblos fantasmas, los exiliados de la violencia, los militares muertos, los alcaldes ajusticiados, las familias acribilladas en los retenes, y una lista galopante de atrocidades, la pregunta punzantes emerge como bala en pleno tiroteo: ¿Quién es el responsable de tanta desolación? ¿A quién adjudicarle la responsabilidad de que en el extranjero México sea hoy sinónimo de guerra civil?

Una campaña de cuño reciente lanzada por un grupo de caricaturistas de calidad incuestionable llama a protestar con la sencilla consigna: “No más sangre”. El reclamo, no hace falta esconderlo, va dirigido fundamentalmente hacia las autoridades, lideradas por el presidente Felipe Calderón. Pero otros enfatizan, con el Presidente, que “los responsables de la violencia son los violentos”: es decir, es a los criminales a los que hay que dirigir la censura, el reclamo, el rechazo, todo el peso de la sociedad.

El matiz no es trivial: en un caso el gobierno es partícipe y causa de los crímenes que apuñalan a la sociedad; en el otro, el gobierno es visto en una cruzada, tan heroica como dolorosa, para sacudir al país del crimen.

La responsabilidad del gobierno, vociferan sus defensores, no va más allá de intentar proteger a la sociedad de quienes la atacan desde la trinchera de la criminalidad. Suena lógico; ni Calderón ni ningún otro de los que planificaron esta estrategia ha disparado un arma contra un adolescente o una familia: los asesinos son los otros, se arguye explícita o implícitamente. Es cierto, suena lógico; tiene esa lógica fácil y ramplona de un discurso de mal político –abundan en México–, de secretario de Estado a sueldo o de conductor de noticiario empeñado en salvaguardar la imagen de quien llena a su empresa de prebendas.

Las políticas públicas, dada su importancia y alcance, deberían estar fundamentadas en decisiones racionales, lo más apegadas a teorías que sin poder asegurar el éxito, al menos tengan bases que sugieran su conveniencia. Una posibilidad para encontrar esos derroteros son los estudios empíricos, los análisis cuidadosos que apoyados en evidencia pueden darle sustento a decisiones tan relevantes.

Se sabe desde hace muchos años que el tráfico ilícito de drogas es una de las causas principales de violencia particularmente en las ciudades. Desde que el prestigiado Richard Nixon impulsó la guerra contra las drogas –allá por la década de los sesenta– como la estrategia por excelencia para atacar este problema, la mayor parte de los gobiernos han asignado recursos crecientes a las policías locales y nacionales, reforzado las legislaciones para castigar a usuarios, perseguido a traficantes a través de intervenciones militares y/o policiacas y, en los casos de mayor esquizofrenia nixoniana, han declarado guerras contra el narco.

¿Le suena familiar? Ya ve, nuestro gobierno es harto original en el tema. Se supone que esta política está encaminada a atacar el suministro de la droga y reducir los índices de consumo y violencia resultado del tráfico de estupefacientes. Al menos así reza el credo del espía de Watergate.

Pero estos argumentos no resisten, también se sabe desde hace años, el mínimo rigor científico.

El Centro Internacional de Ciencia en Política de Drogas (ICSDP por sus siglas en inglés) es una red de científicos, académicos, médicos y expertos de todo el mundo dedicados a estudiar las políticas relacionadas con los problemas de la narcodependencia y el tráfico ilícito de drogas. En abril del 2010, este centro publicó un estudio especialmente esclarecedor (se puede consultar en español en http://www.icsdp.org/research/publications.aspx), cuyo ambicioso propósito era evaluar por primera vez en la historia toda la evidencia disponible hasta octubre del 2009 de la relación entre la guerra antidrogas y la violencia en las sociedades en las que aquella se implementa.

La metodología incluyó recolección, clasificación y cuidadoso análisis de todos los estudios en el mundo dedicados a medir de distintas formas las políticas de guerra contra las drogas y la violencia como respuesta.

No son estudios sencillos, se necesitan muchos recursos y esfuerzo para llevarlos a cabo durante varios años; tienen limitaciones, pero sus argumentos son claros y con fundamento. Se examinaron más de 300 y se eligieron solamente los que cumplieron con los más estrictos requisitos de objetividad y precisión científica. La violencia se midió con estadísticas de delitos, enfrentamientos entre pandillas, tiroteos, homicidios, etcétera. Las acciones de la guerra antidrogas se midieron con otros parámetros, como total de arrestos por posesión de drogas, asignación de gastos presupuestales en los diversos niveles policiacos, cantidad de policías participantes en las estrategias y cantidad de confiscación de droga ilegal. Se elaboraron sofisticadas estadísticas para comparar la evidencia disponible.

Los resultados dejan muy mal parada a la política del presidente Felipe Calderón.

En 82 por ciento de los estudios se encontró una relación significativa entre aumento en la violencia y las políticas de guerra contra las drogas. En otras palabras, la implementación de políticas de lucha contra el narcotráfico es, en gran medida, la causa de la violencia en las sociedades.

Esto no es un discurso político, es lo que la evidencia científica con los más altos estándares apoya hasta el momento. Hay una gráfica en uno de estos estudios que es un ejemplo particularmente claro:

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En esta gráfica se muestra la relación durante varias décadas entre la política de guerra contra el alcohol y otras drogas y la violencia en varias ciudades estadunidenses. En el lado izquierdo del lector está el porcentaje de homicidios como medida de violencia. El lado derecho indica en una escala creciente la magnitud del gasto asignado en estrategias antidrogas. Abajo, el lector puede ver una escala de tiempo dividida por décadas. La línea en rojo representa la fluctuación de la cantidad de homicidios durante el tiempo. La línea azul representa el dinero asignado a vigilancia, persecución, confiscación y otras actividades contra el narcotráfico. La dinámica es de gato y ratón.

Observe el lector que cuando la línea azul sube porque se gasta más en la guerra antidrogas, la línea roja de homicidios sube correspondientemente. Cuando se gasta menos en luchar contra el narcotráfico también hay menos homicidios, y por ende menos violencia en la sociedad.

La conclusión es que el dinero gastado en la guerra contra las drogas –dinero proveniente de los impuestos, no hay que olvidar–contribuye en última instancia a generar un mercado más violento, medido en este caso por un mayor porcentaje de homicidios.

Aplicadas estas conclusiones al caso mexicano, significa que cada vez que el gobierno anuncie un nuevo esquema sofisticado, con armamento tipo “juguetes de Jack Bauer”, para atacar las redes de distribución de droga, lo que los mexicanos debemos esperar y temer, es simple y sencillamente más asesinatos y violencia en general.

Algún lector perspicaz, seducido por el argumento de nuestro Presidente, replicará que esa violencia muy bien puede ser por corto tiempo y necesaria para ganar al final la guerra. Puede ser, sólo que hay que pensar qué es un “corto tiempo”. Lo que la evidencia científica nos dice es que ningún país en este planeta ha logrado ganar una guerra contra el narcotráfico después de más de cuatro décadas de aplicación de la política.

Cocaína, heroína, marihuana y demás estupefacientes son, hoy por hoy, más consumidas que nunca, más concentradas que nunca y también más baratas que nunca. Quizá dentro de un milenio eso pueda ser distinto… pero no estoy seguro de que queramos esperar tanto. Además,  no hay hasta el momento estudios reportados que apoyen ese optimismo. Lo que sí hay son muertos, y muchos.

Los autores de este interesante estudio sugieren algunas de las razones de esta dinámica. Y sería ingenuo pensar que el gobierno mexicano ignora estos datos.

Quizá no tan extensos, pero estudios similares se publican desde hace décadas. Dejaremos para una columna próxima el análisis de esos argumentos. Baste decir de momento que cada vez que el gobierno mexicano gasta dinero en su guerra contra el narco causa más muerte y desolación en el país.

Los muertos, muchos de ellos tristemente etiquetados como “daños colaterales”, no son producidos como se nos quiere hacer creer, por los otros: por los malos, por los que secuestran, los que se pelean por territorios, los desalmados, los “hijos de puta” (hijos de puta son los que están en el gobierno y locutores e intelectuales de los medios d..Koan)como los calificó el irreflexivo Héctor Aguilar Camín. Las balas, es cierto, salen de las armas de Los Zetas, de los chapos, de La Familia, de la corrupción de los cuerpos policiacos; pero la responsabilidad de esta masacre, lo que hace posible está situación es sin duda del gobierno mexicano.

Felipe Calderón y su gobierno son los responsables de implementar, a sabiendas, una política errónea y que ha producido la masacre de más de 34 mil mexicanos en poco más de cuatro años; de la misma forma que George Bush y su cúpula de halcones son responsables de las masacres en Afganistán e Irak, aunque el brillante expresidente no haya arrojado ninguna bomba; o de la misma forma que Rafael Videla es responsable del secuestro y tortura de ciudadanos argentinos, aunque éste jamás se haya manchado un dedo con ningún preso político.

Así que ya sabemos a quién hay que gritarle con enojo, coraje, reproche y absoluta razón: “No más sangre”.

Fuente:emeequis