Gobierno griego acaba por decreto con el derecho a huelga
El gobierno griego entregará este lunes la orden de movilización civil a todos los profesores de enseñanza secundaria con la que prohíbe la huelga en el sector, mientras los enseñantes pidieron apoyo a los dos principales sindicatos para poder realizarlas.
El conflicto abierto en el sector educativo se endureció este fin de semana con la decisión del ejecutivo de impedir a toda costa una huelga prevista para los días en que se llevarán a cabo los exámenes nacionales de ingreso en la universidad de alumnos de bachillerato.
El primer ministro, Antonis Samarás, firmó un decreto el sábado por la tarde por el que se dictaba la movilización civil de los profesores de secundaria, lo que significa que en caso de faltar a sus obligaciones podrían ser encarcelados y despedidos.
El sindicato de maestros (OLME) criticó la decisión del gobierno y envió una petición a los dos mayores sindicatos, la Confederación General de Trabajadores (GSEE) y la Confederación de Empleados Públicos (Adedy), solicitándoles la convocatoria de una jornada de huelga general para el viernes, fecha en que tendrán lugar las pruebas estudiantiles.
OLME también anunció que recurrirá la medida del ejecutivo ante el Consejo de Estado, alegando que ese decreto es inconstitucional y contraviene la legislación nacional y europea en materia de huelga, pues la figura de la movilización civil está concebida para periodos de guerra o tras sucesos extremos como catástrofes naturales.
Además organizó una manifestación frente al Parlamento para la tarde de hoy que se verá reforzada por la convocatoria de apoyo del sindicato comunista Pame y por las muestras de solidaridad de organizaciones sectoriales como médicos del hospital, empleados municipales y estudiantes, entre otras.
El principal partido de la oposición, Syriza, consideró que la actuación del primer ministro fue irresponsable y peligrosa pues “las explosiones sociales se activan cuando se usan métodos dictatoriales”, y exigió la derogación del decreto así como la búsqueda de soluciones dialogadas entre gobierno y enseñantes en el conflicto laboral abierto.
Por su parte el Partido Comunista de Grecia (KKE) cuestionó la legitimidad de la decisión de Samarás, condenando “la aplicación de la doctrina preventiva de la ley y el orden contra el pueblo trabajador”, y llamó a los ciudadanos a unirse contra “las políticas inhumanas en la educación que van de la mano con la opresión del Estado y el autoritarismo”.
PL
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