México.
La implementación de una reforma curricular para las escuelas Normales
del país, que pone el acento en la educación por competencias, así como
en la enseñanza obligatoria del idioma inglés y de nuevas tecnologías,
tiene en este momento a ocho normalistas michoacanos presos y a decenas
más que sufrieron heridas y maltrato físico y sicológico durante el
operativo policial que se realizó en la Escuela Normal Indígena de
Cherán, la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga, de Tiripetío, y el
Centro Regional de Educación Normal, de Arteaga, en Michoacán.
La brutalidad de la intervención
policiaca y las acusaciones a los normalistas por sedición, robo y daños
a las cosas unió a organizaciones sindicales, sociales de indígenas en
la demanda por la liberación de los estudiantes. Dos marchas, un plantón
frente a la casa de gobierno del estado y un plan de acción conjunto es
lo que las organizaciones realizan para defender a los estudiantes.
Los ataques a la educación
Para los normalistas, mayoritariamente
hijos de campesinos e indígenas, la reforma curricular a su plan de
estudios tiene una directriz neoliberal que busca desaparecer a las
Normales rurales para convertirlas en institutos tecnológicos “y
desaparecer materias sociales, analíticas y filosóficas”, declaró en
días pasados un estudiante de Tiripetío a Desinformémonos, “ni siquiera tienen el plan de estudios terminado y ya lo están implementando”.
Los estudiantes propusieron, desde
meses atrás, que se diera una prórroga de un año en la implementación
del plan para realizar mesas de trabajo con expertos con el fin de
plantear una contrarreforma más adecuada a las características del
estado, uno de los diez más pobres del país y con una fuerte presencia
indígena, que en conteos oficiales se sitúa en torno al siete por
ciento. “¿Cómo va a ser obligatorio el inglés y no hay un plan para
rescatar las lenguas indígenas?”, cuestionaba el mismo alumno, “y la
lengua nacional es el español”. También señalaban el absurdo de planear
impartir tecnologías de la información en lugares donde ni siquiera hay
luz eléctrica, tratando a todos los lugares como iguales.
Los estudiantes señalaron que la
reforma se adaptó en estados como Oaxaca, pero en otros lugares se
implementa ya sin modificaciones, “porque ahí no tienen suficiente
fuerza u organización para oponerse”, cosa diferente en Michoacán
porque, consideran, las escuelas no están tan dispersas y la
organización es fuerte.
El operativo
“Las normales valen más que los autobuses”
(Grito durante la marcha del 17 de octubre en Morelia)
En marzo de 2012, los estudiantes
retuvieron algunos autobuses de empresas para exigir una audiencia con
el gobernador, con miras a lograr la prórroga de un año y las mesas de
análisis. Los normalistas recuerdan que el gobierno estatal les exigió
que liberaran las unidades como condición para negociar. Los estudiantes
lo hicieron pero la prometida reunión nunca llegó. Por eso, dicen, esta
vez no estuvieron dispuestos a liberar las nuevas unidades tomadas sin
una garantía de cumplimiento del diálogo.
Antes de la ocupación policiaca a las
escuelas, “pedimos la audiencia con Fausto Vallejo, gobernador de
Michoacán, con Jesús Reyna, secretario de Gobierno y con Teresa Herrera,
titular de la Secretaría de Educación del estado, pero siempre nos
dieron negativas”. El 14 de octubre por la noche hubo una audiencia con
Reyna, que “dijo que tendríamos que dialogar -a lo cual accedimos-, sin
embargo, mantuvo que no habría prórroga”. A las dos horas de la reunión,
llegaron las fuerzas federales a las escuelas, “lanzaron gases
lacrimógenos y balas de goma”. Los estudiantes no pudieron contener la
embestida y cerca de 176 fueron detenidos y vejados.
Además, habitantes de Tiripetío y
Cherán, así como testimonios de los estudiantes, señalan que los
policías habrían quemado autos y autobuses, destruido las instalaciones,
matado a los animales que están en las escuelas y robado las
pertenencias de los estudiantes. “Apenas le había comprado la
computadora a mi hijo y se la robaron”, denunció una habitante de
Cherán, madre de un alumno de la Normal Vasco de Quiroga.
En Cherán, la operación policial se
habría realizado violando la autonomía de esta comunidad purhépecha, que
desde hace más de un año recuperó su forma tradicional de gobierno,
ahora legalmente reconocido, antes los ataques de grupos criminales y la
falta de respuesta del gobierno. No solamente fueron golpeados los
estudiantes, sino algunos comuneros, en la incursión policiaca por el
centro de la localidad. Además de exigir que se investigue cómo y por
qué se realizó el operativo policiaco, el comunero Salvador Campanur
advirtió que “puede haber una reacción”, ya que la violación a la
autonomía demuestra que la palabra del gobierno “se aplica con el olvido
y el desprecio”.
El operativo y la cárcel
“Cuando iba
bajando las escaleras, lo único que sentí fue que un policía me tocó, y
yo manoteé y otra vez comenzaron a decir, “viejas hijas de la chingada,
querían andar aquí, ahora se aguantan, van a ver lo que les pasa por
andar de putas…” (Erandi, estudiante aprehendida durante el operativo).
Testimonios de los
detenidos narran múltiples vejaciones y maltratos durante el tiempo que
estuvieron detenidos los normalistas: golpizas, amenazas de violación,
privación de alimentos y de sueño, obligación de mantener posturas
incómodas, y burlas, además de la destrucción o robo de sus
pertenencias.
La mayoría de los estudiantes fueron
liberados en pequeños grupos antes del 20 de octubre, ante un plantón
que mantuvieron centenares de compañeros, profesores y familiares en la
Procuraduría de Justicia de Michoacán. Sin embargo, y como advirtieran
profesores durante el plantón de familiares, ocho estudiantes quedaron
sujetos a proceso. Familiares refirieron que algunos padres recibían
llamadas de amenaza de “la mafia” a sus celulares, provenientes de los
teléfonos que les fueron sustraídos a sus hijos durante el operativo.
La respuesta represiva a las demandas de los estudiantes no es nueva. La revista Contralínea, en el reportaje titulado Fausto Vallejo: el odio a los estudiantes,
documenta cinco conflictos estudiantiles durante los ocho meses que
lleva de gobierno Vallejo. El común denominador ha sido la brutalidad
utilizada por el gobierno en ellos, particularmente en abril de 2012, en
un operativo contra las casas de estudiantes de la universidad
nicolaíta.
Hasta el momento, no hay noticias de
que la comisión estatal de los derechos humanos haya realizado algún
procedimiento para sancionar la conducta policial. “Si hasta dijeron que
estaba bien hecho, todo correcto”, se quejaba un estudiante menor de
edad golpeado durante el operativo.
Por la libertad de los detenidos
Los profesores agrupados en la sección
18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)
definieron, durante la semana del operativo, que era prioritaria la
defensa de los estudiantes. Otras organizaciones sociales,
estudiantiles, campesinas e indígenas también se unieron a los
normalistas y se planean más marchas, tomas de edificios e instalaciones
públicas.
En al menos ocho estados de la
república, los normalistas realizan protestas y se espera la llegada de
una comisión de profesores a la capital del país, ya que el 23 de
octubre se definiría la situación jurídica de los estudiantes detenidos.
Fuente:desinformemonos
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por participar, puedes decir lo que quieras, solo trata de aportar.