viernes, 26 de octubre de 2012

Represión, tortura y cárcel contra los normalistas en Michoacán

México. La implementación de una reforma curricular para las escuelas Normales del país, que pone el acento en la educación por competencias, así como en la enseñanza obligatoria del idioma inglés y de nuevas tecnologías, tiene en este momento a ocho normalistas michoacanos presos y a decenas más que sufrieron heridas y maltrato físico y sicológico durante el operativo policial que se realizó en la Escuela Normal Indígena de Cherán, la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga, de Tiripetío, y el Centro Regional de Educación Normal, de Arteaga, en Michoacán.
 La brutalidad de la intervención policiaca y las acusaciones a los normalistas por sedición, robo y daños a las cosas unió a organizaciones sindicales, sociales de indígenas en la demanda por la liberación de los estudiantes. Dos marchas, un plantón frente a la casa de gobierno del estado y un plan de acción conjunto es lo que las organizaciones realizan para defender a los estudiantes.
  
Los ataques a la educación
 Para los normalistas, mayoritariamente hijos de campesinos e indígenas, la reforma curricular a su plan de estudios tiene una directriz neoliberal que busca desaparecer a las Normales rurales para convertirlas en institutos tecnológicos “y desaparecer materias sociales, analíticas y filosóficas”, declaró en días pasados un estudiante de Tiripetío a Desinformémonos, “ni siquiera tienen el plan de estudios terminado y ya lo están implementando”.
 Los estudiantes propusieron, desde meses atrás, que se diera una prórroga de un año en la implementación del plan para realizar mesas de trabajo con expertos con el fin de plantear una contrarreforma más adecuada a las características del estado, uno de los diez más pobres del país y con una fuerte presencia indígena, que en conteos oficiales se sitúa en torno al siete por ciento. “¿Cómo va a ser obligatorio el inglés y no hay un plan para rescatar las lenguas indígenas?”, cuestionaba el mismo alumno, “y la lengua nacional es el español”. También señalaban el absurdo de planear impartir tecnologías de la información en lugares donde ni siquiera hay luz eléctrica, tratando a todos los lugares como iguales.
 Los estudiantes señalaron que la reforma se adaptó en estados como Oaxaca, pero en otros lugares se implementa ya sin modificaciones, “porque ahí no tienen suficiente fuerza u organización para oponerse”, cosa diferente en Michoacán porque, consideran, las escuelas no están tan dispersas y la organización es fuerte.

 El operativo
 “Las normales valen más que los autobuses”
(Grito durante la marcha del 17 de octubre en Morelia)
 En marzo de 2012, los estudiantes retuvieron algunos autobuses de empresas para exigir una audiencia con el gobernador, con miras a lograr la prórroga de un año y las mesas de análisis. Los normalistas recuerdan que el gobierno estatal les exigió que liberaran las unidades como condición para negociar. Los estudiantes lo hicieron pero la prometida reunión nunca llegó. Por eso, dicen, esta vez no estuvieron dispuestos a liberar las nuevas unidades tomadas sin una garantía de cumplimiento del diálogo.
 Antes de la ocupación policiaca a las escuelas, “pedimos la audiencia con Fausto Vallejo, gobernador de Michoacán, con Jesús Reyna, secretario de Gobierno y con Teresa Herrera, titular de la Secretaría de Educación del estado, pero siempre nos dieron negativas”. El 14 de octubre por la noche hubo una audiencia con Reyna, que “dijo que tendríamos que dialogar -a lo cual accedimos-, sin embargo, mantuvo que no habría prórroga”. A las dos horas de la reunión, llegaron las fuerzas federales a las escuelas, “lanzaron gases lacrimógenos y balas de goma”. Los estudiantes no pudieron contener la embestida y cerca de 176 fueron detenidos y vejados.
 Además, habitantes de Tiripetío y Cherán, así como testimonios de los estudiantes, señalan que los policías habrían quemado autos y autobuses, destruido las instalaciones, matado a los animales que están en las escuelas y robado las pertenencias de los estudiantes. “Apenas le había comprado la computadora a mi hijo y se la robaron”, denunció una habitante de Cherán, madre de un alumno de la Normal Vasco de Quiroga.
En Cherán, la operación policial se habría realizado violando la autonomía de esta comunidad purhépecha, que desde hace más de un año recuperó su forma tradicional de gobierno, ahora legalmente reconocido, antes los ataques de grupos criminales y la falta de respuesta del gobierno. No solamente fueron golpeados los estudiantes, sino algunos comuneros, en la incursión policiaca por el centro de la localidad. Además de exigir que se investigue cómo y por qué se realizó el operativo policiaco, el comunero Salvador Campanur advirtió que “puede haber una reacción”, ya que la violación a la autonomía demuestra que la palabra del gobierno “se aplica con el olvido y el desprecio”.
  
El operativo y la cárcel
 “Cuando iba bajando las escaleras, lo único que sentí fue que un policía me tocó, y yo manoteé y otra vez comenzaron a decir, “viejas hijas de la chingada, querían andar aquí, ahora se aguantan, van a ver lo que les pasa por andar de putas…” (Erandi, estudiante aprehendida durante el operativo).
 Testimonios de los detenidos narran múltiples vejaciones y maltratos durante el tiempo que estuvieron detenidos los normalistas: golpizas, amenazas de violación, privación de alimentos y de sueño, obligación de mantener posturas incómodas, y burlas, además de la destrucción o robo de sus pertenencias.
 La mayoría de los estudiantes fueron liberados en pequeños grupos antes del 20 de octubre, ante un plantón que mantuvieron centenares de compañeros, profesores y familiares en la Procuraduría de Justicia de Michoacán. Sin embargo, y como advirtieran profesores durante el plantón de familiares, ocho estudiantes quedaron sujetos a proceso. Familiares refirieron que algunos padres recibían llamadas de amenaza de “la mafia” a sus celulares, provenientes de los teléfonos que les fueron sustraídos a sus hijos durante el operativo.
 La respuesta represiva a las demandas de los estudiantes no es nueva. La revista Contralínea, en el reportaje titulado Fausto Vallejo: el odio a los estudiantes, documenta cinco conflictos estudiantiles durante los ocho meses que lleva de gobierno Vallejo. El común denominador ha sido la brutalidad utilizada por el gobierno en ellos, particularmente en abril de 2012, en un operativo contra las casas de estudiantes de la universidad nicolaíta.
 Hasta el momento, no hay noticias de que la comisión estatal de los derechos humanos haya realizado algún procedimiento para sancionar la conducta policial. “Si hasta dijeron que estaba bien hecho, todo correcto”, se quejaba un estudiante menor de edad golpeado durante el operativo.

 Por la libertad de los detenidos
 Los profesores agrupados en la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) definieron, durante la semana del operativo, que era prioritaria la defensa de los estudiantes. Otras organizaciones sociales, estudiantiles, campesinas e indígenas también se unieron a los normalistas y se planean más marchas, tomas de edificios e instalaciones públicas.
 En al menos ocho estados de la república, los normalistas realizan protestas y se espera la llegada de una comisión de profesores a la capital del país, ya que el 23 de octubre se definiría la situación jurídica de los estudiantes detenidos.

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