Este martes juristas y defensores académicos informarán los detalles sobre la denuncia contra Calderón, que sustentan en el inicio “de una guerra contra el narcotráfico, el 11 de diciembre de 2006, como resultado de ello México vive un estado de emergencia y atraviesa por la crisis humanitaria más dramática de su historia reciente que ha dejado ya más de 50.000 muertos, 230.000 desplazados, 10.000 desaparecidos y 1.300 jóvenes y niños asesinados”.
“Existe una constante violación a los derechos humanos de la población civil, en particular de los grupos más vulnerables como las mujeres y los migrantes, quienes constantemente son victimizados por las autoridades y el crimen organizado”, argumentan en la denuncia.
Además acusan “a las acciones de delincuentes dentro y fuera del Gobierno.Vivimos además una situación de impunidad estructural en la que únicamente el 12 por ciento de los delitos son denunciados y el ocho por ciento investigados.
La falta de autonomía de la PGR (Procuraduría General de la República) y la inmunidad del Ejecutivo federal generan una situación en la que es prácticamente imposible juzgar dentro de las instancias nacionales a los altos funcionarios civiles y castrenses por su responsabilidad en esta crisis humanitaria”.
“Aún en las guerras existen límites y en esta se han rebasado de forma catastrófica: El ejercito mexicano ha asesinado a civiles incluso a niños completamente ajenos al conflicto, en retenes militares, y operativos. Ha torturado y asesinado a civiles a sabiendas que no guardan relación con el conflicto y además ha intentado encubrir estos hecho para no castigar a los responsables”, añaden en la denuncia.
Por su parte, el presidente Felipe Calderón puso en marcha la institución de atención a las víctimas, que lleva por nombre Províctimas, cuyas instalaciones están ubicadas en la colonia del Valle de Ciudad de México, capital.
La instancia contará con una línea telefónica para recibir las denuncias de parte de las víctimas.
Esta institución unificará y potenciará las tareas del Gobierno para atender a quienes hayan sido lastimados por la violencia de manos de grupos criminales.
El Presidente hizo un llamado al pueblo mexicano para que “vaya más allá del reclamo y transforme su indignación en propuestas viables”, señaló La Jornada.
En cuanto a este nuevo servicio, expuso que “el que venga aquí va a encontrar un médico, deberá encontrar una psicóloga (y) psicólogo, deberá encontrar un abogado (o) abogada y una trabajadora social. Todo lo que la víctima necesite para poder aliviar, así sea, en parte su sufrimiento”. (jajajajajajajaja , ¡que cinísmo!...Koan)
La Jornada / Telesur
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