México: La detención de Mario González se valió de un delito inventado

El presidente de la Liga Mexicana de Derechos Humanos (Limeddh), Adrián Ramírez López, aseveró que el delito de “tentativa de ataques a la paz pública” no existe y por tanto, la acusación emprendida contra el activista Mario González, aprehendido desde el pasado dos de octubre por supuestamente haber arrojado un petardo, es una “aberración” al sistema jurídico.

El Código Penal Federal lo contempla en el artículo 362, pero fue reformado –para la reglamentación exclusiva para la Ciudad de México– por la Asamblea Legislativa en diciembre del año antepasado, una vez que se desató una ante la ola protestas contra la asunción de Peña Nieto a la presidencia de la república.

Como puede desprenderse de su lectura, dicho artículo, pese a su afirmativa, nunca contempla las sanciones contra alguien que no haya sido apresado en flagrancia, es decir, cometiendo el acto y existan las pruebas que lo confirmen.

Este textualmente dice:

“Se les impondrán de dos a siete años de prisión y suspensión de derechos políticos hasta por diez años, a los que mediante la utilización de sustancias tóxicas, por incendio, por inundación o violencia, realicen actos en contra de las personas, de los bienes públicos o privados o servicios públicos que perturben la paz pública.”

De acuerdo al testimonio del propio Mario González García, como se señala en la declaración ministerial, éste iba en un autobús que salió del estadio de Ciudad Universitaria, pasando por el centro de la Ciudad de México, cuando en la esquina de la calle 5 de Mayo e Isabel la Católica varias patrullas le cerraron el paso.

Una vez que esta se detuvo, se subieron aproximadamente cuatro o cinco policías y bajaron a todos los jóvenes que iban a bordo, entre ellos, quien ahora se encuentra apresado.

De acuerdo con la versión oficial, el centro de monitoreo C4 dio aviso a la policía capitalina de que varios jóvenes estaban aventando piedras y petardos contra personas y locales comerciales en la calle de Isabel la Católica. Por ese motivo, comenzaron una redada para “detener” las agresiones contra personas y sus propiedades, uno de ellos fue González, quien, junto a otra decena de muchachos, fue detenido por el delito de ataques a la paz pública, ultrajes a la autoridad y narcomenudeo.

A éste sólo lo acusaron del primero. Pese a todo y como puede notarse en los videos de su aprehensión, no lo arrestaron en fragancia.

“El delito de ataques a la paz pública, no existe el delito de tentativa y si a él lo detuvieron en una revisión de un transporte público, entonces él no cometió un hecho ilícito. Sin embargo, la forma en la cual está diseñado el delito, al no tener que acreditar la participación ni haber tampoco tener registro de la conducta de Mario, permite con esta figura someterlo a la prisión”, señaló Adrián Ramírez López.

Con lo cual, según dijo, se estaría violando el procedimiento para imputarlo, ya que hasta el momento, no se ha podido acreditar su vinculación a los hechos delictivos que se le imputan; dado que el lugar donde se efectuó su detención se produjo ya arriba del camión.

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Hace tres días, la Limeddh ofreció una conferencia de prensa para anunciar una denuncia penal interpuesta en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), en contra del gobierno capitalino encabezado por Miguel Ángel Mancera, producto ante los delitos de tortura; en ella estuvieron presentes, entre otros, Ramírez López y el médico Ricardo Okie González.

En dicha presentación, acusaron que los elementos de la policía, que a Mario González le dieron descargas eléctricas en costillas y en la parte baja de la espalda del lado izquierdo, y mientras pasaba eso le decían insultos y amenazas.

A su vez, manifestaron que también lo golpearon en el rostro con la mano abierta, lo golpearon en las piernas y le pegaron en el estómago, después lo subieron a una patrulla con otras tres personas y ahí los policías le quitaron el teléfono.

Ambos recordaron que lo trasladaron a un hospital por General Anaya para revisarle el brazo ya que lo tenía muy hinchado, como producto de la tortura resultó con múltiples lesiones, principalmente en el brazo derecho (luxado) y la pierna izquierda; no obstante, estas lesiones no fueron certificadas por la autoridad ministerial, ni por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

Bajo este alegato, esperan que no sólo la PGJDF atraiga el caso, sino en virtud de la omisión y la “criminalización de la protesta social”, lo haga la Procuraduría General de la república, ya que se tratan de “delitos graves”.

Fuente: http://revoluciontrespuntocero.com/

Más información:
http://www.abajolosmuros.org/
http://solidaridadmariogonzalez.wordpress.com/