Por Víctor Flores Olea
(Imagen añadida en este blog)Ya están aquí, ¿para no irse nunca? Tal vez una de las noticias más aciagas para el país en años es aquella que nos confirmó hace unos cuantos días (La Jornada: 11 de agosto) “hay un acuerdo entre México y Estados Unidos para la operación en territorio nacional de integrantes de las agencias antidrogas (DEA) y Central de Inteligencia (CIA), así como del Pentágono que, conjuntamente con autoridades mexicanas, han creado un centro de fusión e inteligencia supuestamente para el combate al narcotráfico, lo cual forma parte de una ‘carta de entendimiento’ signada por ambos gobiernos hace 18 meses”.
Entendimiento perfectamente violatorio de la Constitución y que confirma la sospecha anunciada de que “el Plan Mérida” y la “cooperación” estadounidense en la guerra contra el narco echaría por supuesto raíces más sólidas que las de una etérea asistencia abstracta. Los estadounidenses no dejan “flotando” esos acuerdos y los realizan en el más estricto sentido de su conveniencia práctica, es decir, con la presencia en territorios de la “cooperación” de numerosos agentes y elementos del ejército.
Para empezar, recordemos que el gobierno de Estados Unidos, en su relación con México, no está preocupado ya sólo por las cuestiones migratorias, sino por temas más graves como el terrorismo, el desarrollo de los carteles de la droga y la desestabilización social. El incremento mismo, desde hace año, de agentes de la DEA, de la CIA y del Pentágono al interior de nuestro país mostraría una modificación profunda de estrategia. No tanto la cuestión migratoria sino la posibilidad de que células terroristas de cualquier nacionalidad pudieran mezclarse con narcotraficantes y polleros, traspasar la frontera y utilizar explosivos o expandir alguna bacteria causando un gran número de muertes. Para ellos, se trata de sellar la frontera inclusive a través de muros y de vigilancia con vehículos no tripulados.
Apenas sería necesario recordar las “penetraciones” y violaciones a la soberanía –verdaderos atracos a la integridad e independencia de los Estados– que ha cometido el gobierno estadounidense, no hace demasiado tiempo, en territorios latinoamericanos. Desde la Operación Cóndor en la mayor parte del continente, para liquidar a grupos y ciudadanos que consideraba hostiles o subversivos en América Latina, la compra de armas vía el narcotráfico para subvencionar a los contra centroamericanos hasta la verdadera ocupación militar colombiana para combatir por un lado a la guerrilla y por el otro al narcotráfico de Pablo Escobar. Cuando muchos dijimos que el “Plan Mérida” traería a la postre consecuencias sombrías para México, aludíamos naturalmente a la penetración militar que seguiría ineludiblemente a ese proyecto de “cooperación” (recordemos que el Plan fue aprobado por el Congreso de Estados Unidos y puesto en operación por George Bush el 30 de junio del 2008).
Los reporteros de Proceso Jesús Esquivel y Jorge Carrasco han consignado en varios reportajes –antes de la publicación del anterior fin de semana de The New York Times –, cómo desde el 2006 el gobierno mexicano aceptó el incremento de agentes especiales de la DEA acreditados como “enlaces” en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es decir, los enviados de Washington están operando directamente en territorio mexicano violando la Constitución. Hacen recorridos, son testigos en interrogatorios y participan en algunos, tienen acceso a instalaciones militares y a información confidencial. Todo esto con el apoyo de la PGR, de las secretarías de Relaciones Exteriores, de Gobernación, de Seguridad Pública y de la Defensa Nacional, que han puesto incluso vehículos oficiales del gobierno mexicano a las órdenes de los agentes estadounidenses, para facilitar sus movimientos.
De los 54 agentes originales de la DEA se han sumado en el último año un número mayor de agentes de la CIA y de militares especializados en terrorismo, cuyo número aún se desconoce porque el gobierno de Felipe Calderón no lo ha informado al país. Todo esto resulta altamente pertinente ahora ya que en unos días comparecerán ante el Congreso de la Unión los Secretarios de Gobernación, de Relaciones Exteriores y de la Defensa, cuando menos, además de que hay casos pendientes no explicados por el gobierno de Calderón, como la vigilancia aérea por aviones estadounidenses no tripulados y operaciones inadmisibles como “Rápido y Furioso”. Los congresistas contarán con un buen número de argumentos para demostrar que el gobierno de Felipe Calderón (y antes el de Vicente Fox), han cedido en aspectos esenciales de la soberanía del Estado mexicano, afectándola peligrosamente e inaugurando una nueva época del país ¿¿¿¿¿que siempre ha sido muy sensible y decidido en la defensa de sus derechos fundamentales.????? jajajajaja (agregado por Koan)
Seguramente no podía esperarse otro desenlace en este tiempo de globalización controlada por una potencia mundial como Estados Unidos. Pero no pongamos todas las culpas en el vecino, porque nos encontramos con un gobierno absolutamente obsecuente a los mandatos del más fuerte y que ha perdido la brújula de la defensa de los derechos soberanos de la nación.
Con algo más grave: El Plan Mérida es en realidad, como lo ha sido el Plan Colombia, un Plan piloto para probar y ejercitar los pilares básicos de la estrategia de dominación militar de Estados Unidos en el continente latinoamericano. Tales iniciativas integran recursos estadounidenses para afirmar esa dominación. En este caso el elegido ha sido México, mayormente atractivo para el imperialismo en la medida en que el petróleo mexicano es otra de las áreas a defender por Estados Unidos, inclusive por la vía militar.
Fuente: La Jornada
Fuente:Pocamadre news
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