La Reforma a la Ley Federal del Trabajo en México... Y SIGUE LA BURRA AL TRIGO

Sin consulta pública ni análisis de sus graves consecuencias, se alían nuevamente PAN y PRI para imponer en los próximos días la reforma laboral neoliberal en México, en un periodo extraordinario o en el próximo ordinario de sesiones, bajo la consigna de “ahora o nunca” (Calderón – Beltrones), sin que los resultados de las recientes elecciones en varias entidades, hagan mella en la alianza que estos partidos conservadores mantienen, cuando de garantizar las ganancias capitalistas se trata, pese a la estrepitosa caída del blanquiazul en las urnas y el escándalo de las corruptelas y saqueo del ISSSTE por parte de la mancuerna Gordillo – Yunes, que tuvo su origen en otro acuerdo de reformas de estos grupos, con la imposición de la nueva Ley del ISSSTE, en vigor desde el 1 de abril de 2007.

Los pretextos para imponer la reforma, en las más de 334 iniciativas que obran en los archivos del legislativo, han sido muchos, desde que el ex – presidente Salinas la anunció hace 23 años, en el marco previo a la imposición del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN), con los argumentos de que era necesario modernizar la Ley Federal del Trabajo (LFT), generar muchos empleos para las y los jóvenes, así como, mejorar la productividad y la competitividad de los productos mexicanos. Pero todo ello, es y ha sido solamente una patraña para imponer una ley acorde a la americana con relaciones de trabajo flexibles en contratación y prestaciones, que legalice los despidos, los outsourcing, los mil usos y el pago por horas.

El dictamen de reforma laboral que se anuncia y que se basa en la coincidencia hasta de un 90% de las iniciativas del PRI y del PAN, elaborado por la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, las cúpulas empresariales y de los sindicatos oficialistas y el perverso secretario de trabajo federal, considera la modificación de más de 400 artículos de los 1010 que componen la actual LFT, y que en opinión de destacados especialistas, se trata de una reforma regresiva, inoportuna y perjudicial para la clase trabajadora, empleados públicos y también para los millones de empresarios privados y sociales que constituyen las micro, pequeño y medianas empresas, con un padrón de más de 5 millones de unidades económicas y quienes también han sido excluidos y despreciados por las políticas públicas de los gobiernos de todo tipo.

Es regresiva porque volvería a las viejas formulas civilistas, individualistas y precarias de las relaciones del trabajo de la época porfirista, al desaparecer la estabilidad en el trabajo y propiciar el crecimiento de empleos mal pagados y sin prestaciones; es perjudicial porque estimularía la penetración del capital transnacional, llevando a la quiebra a nuestras pequeñas y medianas empresas; e, inoportuna, porque en las condiciones de crisis económica, alto desempleo, inseguridad y violencia que reinan en el país, en la antesala de las elecciones federales constitucionales de 2012, propiciaría el caos y la ingobernabilidad, pudiendo generar la destrucción de las fuerzas productivas y mayores abusos a las y los trabajadores, peores a los ya existentes.

Cabe solamente señalar que en el país, más de 4 millones de trabajadores trabajan por propinas, otros cuatro ganan solo un salario mínimo al día y la mitad de la fuerza de trabajo disponible, casi 25 millones de personas, carecen de prestaciones laborales y de seguridad social, en condiciones en las que la cuantía del salario mínimo es miserable, violando entonces, con esta propuesta de reforma los postulados valiosos del constitucionalismo social, el contenido del artículo 123 y los derechos adquiridos de la clase trabajadora, así como, la obligación constitucional de rectoría del Estado en la justa distribución del ingreso y el fomento del empleo digno, con salarios suficientes.