Por Luis Ramírez Trejo
Dedicado al obispo Samuel Ruiz
Para nadie es un secreto ni dentro ni fuera de México. La guerra contra el tráfico de drogas ha cobrado la vida de más de 34 mil personas en lo que va del sexenio. Las cifras son una tétrica aproximación que crece día con día. México sufre hoy una violencia que sólo se compara con la de Colombia de los años noventa o la del Afganistán “liberado” de principios de este siglo.
En medio de las cabezas rodando por las calles, los adolescentes agujereados, los pueblos fantasmas, los exiliados de la violencia, los militares muertos, los alcaldes ajusticiados, las familias acribilladas en los retenes, y una lista galopante de atrocidades, la pregunta punzantes emerge como bala en pleno tiroteo: ¿Quién es el responsable de tanta desolación? ¿A quién adjudicarle la responsabilidad de que en el extranjero México sea hoy sinónimo de guerra civil?
Una campaña de cuño reciente lanzada por un grupo de caricaturistas de calidad incuestionable llama a protestar con la sencilla consigna: “No más sangre”. El reclamo, no hace falta esconderlo, va dirigido fundamentalmente hacia las autoridades, lideradas por el presidente Felipe Calderón. Pero otros enfatizan, con el Presidente, que “los responsables de la violencia son los violentos”: es decir, es a los criminales a los que hay que dirigir la censura, el reclamo, el rechazo, todo el peso de la sociedad.
El matiz no es trivial: en un caso el gobierno es partícipe y causa de los crímenes que apuñalan a la sociedad; en el otro, el gobierno es visto en una cruzada, tan heroica como dolorosa, para sacudir al país del crimen.
La responsabilidad del gobierno, vociferan sus defensores, no va más allá de intentar proteger a la sociedad de quienes la atacan desde la trinchera de la criminalidad. Suena lógico; ni Calderón ni ningún otro de los que planificaron esta estrategia ha disparado un arma contra un adolescente o una familia: los asesinos son los otros, se arguye explícita o implícitamente. Es cierto, suena lógico; tiene esa lógica fácil y ramplona de un discurso de mal político –abundan en México–, de secretario de Estado a sueldo o de conductor de noticiario empeñado en salvaguardar la imagen de quien llena a su empresa de prebendas.
Las políticas públicas, dada su importancia y alcance, deberían estar fundamentadas en decisiones racionales, lo más apegadas a teorías que sin poder asegurar el éxito, al menos tengan bases que sugieran su conveniencia. Una posibilidad para encontrar esos derroteros son los estudios empíricos, los análisis cuidadosos que apoyados en evidencia pueden darle sustento a decisiones tan relevantes.
Se sabe desde hace muchos años que el tráfico ilícito de drogas es una de las causas principales de violencia particularmente en las ciudades. Desde que el prestigiado Richard Nixon impulsó la guerra contra las drogas –allá por la década de los sesenta– como la estrategia por excelencia para atacar este problema, la mayor parte de los gobiernos han asignado recursos crecientes a las policías locales y nacionales, reforzado las legislaciones para castigar a usuarios, perseguido a traficantes a través de intervenciones militares y/o policiacas y, en los casos de mayor esquizofrenia nixoniana, han declarado guerras contra el narco.
¿Le suena familiar? Ya ve, nuestro gobierno es harto original en el tema. Se supone que esta política está encaminada a atacar el suministro de la droga y reducir los índices de consumo y violencia resultado del tráfico de estupefacientes. Al menos así reza el credo del espía de Watergate.
Pero estos argumentos no resisten, también se sabe desde hace años, el mínimo rigor científico.El Centro Internacional de Ciencia en Política de Drogas (ICSDP por sus siglas en inglés) es una red de científicos, académicos, médicos y expertos de todo el mundo dedicados a estudiar las políticas relacionadas con los problemas de la narcodependencia y el tráfico ilícito de drogas. En abril del 2010, este centro publicó un estudio especialmente esclarecedor (se puede consultar en español en http://www.icsdp.org/research/publications.aspx), cuyo ambicioso propósito era evaluar por primera vez en la historia toda la evidencia disponible hasta octubre del 2009 de la relación entre la guerra antidrogas y la violencia en las sociedades en las que aquella se implementa.
La metodología incluyó recolección, clasificación y cuidadoso análisis de todos los estudios en el mundo dedicados a medir de distintas formas las políticas de guerra contra las drogas y la violencia como respuesta.
No son estudios sencillos, se necesitan muchos recursos y esfuerzo para llevarlos a cabo durante varios años; tienen limitaciones, pero sus argumentos son claros y con fundamento. Se examinaron más de 300 y se eligieron solamente los que cumplieron con los más estrictos requisitos de objetividad y precisión científica. La violencia se midió con estadísticas de delitos, enfrentamientos entre pandillas, tiroteos, homicidios, etcétera. Las acciones de la guerra antidrogas se midieron con otros parámetros, como total de arrestos por posesión de drogas, asignación de gastos presupuestales en los diversos niveles policiacos, cantidad de policías participantes en las estrategias y cantidad de confiscación de droga ilegal. Se elaboraron sofisticadas estadísticas para comparar la evidencia disponible.
Los resultados dejan muy mal parada a la política del presidente Felipe Calderón.
En 82 por ciento de los estudios se encontró una relación significativa entre aumento en la violencia y las políticas de guerra contra las drogas. En otras palabras, la implementación de políticas de lucha contra el narcotráfico es, en gran medida, la causa de la violencia en las sociedades.
Esto no es un discurso político, es lo que la evidencia científica con los más altos estándares apoya hasta el momento. Hay una gráfica en uno de estos estudios que es un ejemplo particularmente claro:
